El alcalde presenta el Informe de Siniestralidad Vial elaborado por la Policía Local que muestra datos “muy preocupantes”

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado a conocer un informe de siniestralidad vial, elaborado por la Policía Local, en el que se observan datos “muy preocupantes”.

“Durante los 10 años que llevo como alcalde, no ha habido un solo día sin que la policía local registre, al menos, un accidente de tráfico” subraya el alcalde que añade que “para analizar esta situación, el Ayuntamiento ha elaborado un informe con datos desde 2021 hasta 2025, comparando la situación de Mérida con otras ciudades de tamaño similar y utilizando informaciones periodísticas y comunicados oficiales”.

“El objetivo principal de estas acciones es proteger vidas, especialmente en zonas sensibles como pasos de peatones, avenidas principales y accesos a la ciudad con alta densidad de tráfico”.

Como ha explicado Antonio Rodríguez Osuna, “uno de los problemas más graves es el exceso de velocidad, que es la causa principal de la mayoría de los accidentes; por ejemplo, en el puente Fernández Casado, un radar instalado desde 2019, ha registrado más de 1.000 denuncias por exceso de velocidad en los últimos dos meses, con velocidades que oscilan entre 65 y 80 km/h en un tramo limitado a 50 km/h”. Actualmente, la ciudad cuenta con dos radares en funcionamiento: uno fijo en la avenida Reina Sofía y un velocímetro móvil para controles aleatorios.

Desde 2020 hasta agosto de 2025 se han instruido 417 siniestros viales, de los cuales el 61% se debió al incumplimiento de las normas de tráfico y el 31% a distracciones al volante. Los atropellos son otra preocupación significativa: en 2024 fueron atropelladas 24 personas, y en lo que va de 2025 ya se han registrado 16 casos.

“El consumo de alcohol también sigue siendo un problema grave” añade el alcalde ya que “la media de los positivos en los controles de alcoholemia se sitúa en 0,85 mg/l, una cifra muy por encima del límite legal de 0,25 mg/l y del umbral de 0,60 mg/l, que ya se considera delito penal; además, se han detectado otros delitos viales, como conducir sin carnet, sin seguro o sin la ITV en regla”.

En el contexto nacional, en 2024 fallecieron 488 personas en accidentes en cascos urbanos en España. Según la DGT y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), son la velocidad, las distracciones y el alcohol son los factores clave en la siniestralidad en todo el país. Los usuarios vulnerables, como peatones y ciclistas, representan el 79% de las víctimas mortales a nivel nacional. “La comparativa indica que Mérida se encuentra ligeramente por encima de la media nacional en cuanto a accidentes y siniestros viales” establece el alcalde.

Por todo ello, “la ciudadanía emeritense ha demandado activamente una mayor vigilancia y control de la seguridad vial a través de escritos, correos electrónicos y registros en el ayuntamiento, preocupada por la seguridad de niños y personas mayores en vías donde se supera con creces la velocidad permitida”.

“Ante esta situación, el gobierno municipal subraya que los controles de velocidad y alcoholemia no tienen un afán recaudatorio, sino que su único objetivo es proteger la salud y el bienestar de los vecinos”.

“Las políticas públicas de seguridad vial se basan en datos objetivos como los presentados, los cuales estarán a disposición de la opinión pública y justifican la necesidad de tomar más medidas para reducir la siniestralidad en la ciudad”.

El alcalde señala que se van a tomar medidas de distinto tipo. En primer lugar, de carácter pedagógico, “con un esfuerzo importante en el Centro de Educación Vial de Mérida (CEVIMER) y su labor con los centros educativos, se van a presentar dos catálogos que se llevarán a colegios e institutos, a esto se añade la labor de explicar este tipo de delitos, ya que hay que conocer la ley y porque existe la sensación de que los delitos de tráfico no son delitos, y son tan graves, o más, como robar en una tienda o cometer una agresión física; de igual forma, hemos desplegado 12 radares pedagógicos que están en funcionamiento y que indican la velocidad a la que se circula”.

“Vamos a iniciar una campaña de información, también con respecto de los vehículos de movilidad personal que han de respetar las normas de circulación” y “a esto se añade otros ocho radares que entrarán en funcionamiento con la Zona de Bajas Emisiones, que entrarán en servicio cuando se apruebe la ordenanza municipal”.

Este jueves se aprobará el plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) en el Pleno, “que es un documento que exige una ley nacional fruto de una directiva de la UE”. La primera medida que toma la Unión Europea sobre esta directiva es que todo municipio mayor de cincuenta mil habitantes que no tenga la zona de bajas emisiones antes del 1 de enero del 2026 en marcha no va a poder concurrir a ninguna subvención europea a lo que suma que es una ley de obligado cumplimiento.

Por su parte, el subinspector de la Policía Local, Miguel Ángel Paredes Porro, autor del informe presentado, explica que “los delitos contra la seguridad vial expresan un riesgo intolerable que el legislador considera contra natura a las reglas de convivencia ciudadana y más allá de ese riesgo intolerable, no cabe caución alguna”.

“Desde ópticas policiales y desde la óptica del gobernante estamos abocados efectivamente a tomar las medidas oportunas; en caso contrario, por inacción, podríamos estar incurriendo en responsabilidad”.

El subinspector de la Policía Local recalca que “en los 23 delitos que se han registrado en el radar de Reina Sofía todos han acabado en sentencias condenatorias”.

“La ley nos obliga a perseguir al delito” insistiendo en que “es el legislador, y no el Ayuntamiento, el que subió la detracción de puntos, el que bajó la tasa de alcohol a menores a 00 o quien estableció los límites de velocidad 20, 30 y 50 km/h. en los cascos urbanos”.