Vox pide a Guardiola que asuma 'responsabilidades políticas' por el 'caos' en la educación que 'se podría haber evitado'

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que asuma "responsabilidades políticas" como "responsable última" del "caos" que ha vivido la educación extremeña con el conflicto del transporte escolar, que viendo el acuerdo finalmente alcanzado considera que "se podría haber evitado" porque el Gobierno regional ha cedido en "todas las reivindicaciones de las empresas".

Todo ello fruto de una negociación que ha expuesto, según el diputado de Vox, el "modus operandi" del gobierno de María Guardiola, que pasa por no negociar "nada, acaba levantándose de la mesa en el último momento y acusa a la otra parte de romper el acuerdo y además de intentar cometer ilegalidades".

Así ocurrió, ha asegurado en la negociación del Presupuesto de la comunidad autónoma para este ejercicio, ha dicho. Entonces, ha argumentado, la Junta "se levantó de la mesa en el último momento" porque decían que desde Vox se había "roto el acuerdo" y que además pedían "cosas ilegales", en referencia a las consultas populares, si bien luego el PP reclama "eso mismo en otro sitio de España".

En esta ocasión ha ocurrido algo similar, ha explicado al intentar "obligar a algunas empresas a trabajar a pérdidas", pero las compañías no licitaron las rutas por que no aceptan la "negociación autoritaria" de la Junta, ha señalado García, lo que da como resultado la denuncia del Ejecutivo regional por vía penal "por coacciones y amenazas a otras empresas".

DENUNCIA CON TINTES "MAFIOSOS"

Y en este punto, García considera que Guardiola debe aclarar por qué se ha acabado retirando la Junta como acusación particular en dicha denuncia, tras el acuerdo alcanzado con las empresas para resolver el conflicto, en tanto que "si alguien tiene constancia de un delito y tiene pruebas, debe denunciarlo".

"No se puede retirar una denuncia por interés propio, sabiendo que se ha cometido un delito", porque "si lo haces y retiras la denuncia, se puede pensar que se denunció sin pruebas, y se denunció para coaccionar a la otra parte", ha argumentado el diputado de Vox.

"La obligación de cualquier funcionario público, de cualquier administración pública, de cualquier servidor público, es perseguir los delitos cuando se tiene constancia fehaciente y pruebas de que se han cometido. Y no se puede retirar una denuncia para llegar a un acuerdo", ha dicho.

Un acuerdo, alcanzado este pasado martes, que supone la "prueba fehaciente" de que de que la Junta de Extremadura "no tenía razón", pues "han terminado por ceder en todas las reivindicaciones de las empresas".

En este sentido, ha señalado que es "curioso" que "ya no hay supuestas ilegalidades" en las reivindicaciones de las empresas, como argumentaba la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en su comparecencia del día anterior para justificar que no se alcanzara el acuerdo.

En este sentido, ha retomado el argumento sobre la retirada de la denuncia por coacciones y amenazas para preguntar por qué se presentó "si no había ilegalidad" y si, en consecuencia, se hizo "en plan mafioso" para "presionar" y "coaccionar" a la otra parte. "Si hay realmente una coacción, hay amenazas, y se ha cometido un delito y tiene prueba de ello, no se puede retirar la denuncia", ha argumentado.

"INCAPACIDAD" DEL GOBIERNO DE GUARDIOLA

Asimismo, el acuerdo es "la constatación final de la incapacidad manifiesta" del Gobierno de María Guardiola para "tan siquiera ser capaz de garantizar un normal funcionamiento de un servicio público tan básico como es la educación".

En este sentido, ha expuesto que han querido ser "prudentes" hasta que se resolviera el conflicto, pero ahora que el servicio se ha restablecido "ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas", y en este sentido, desde Vox tienen claro a quien reclamarlas.

"¿Dónde ha estado la presidenta de la Junta de Extremadura durante todo este tiempo? ¿Alguien la ha visto?", ha señalado, para hacer referencia a que en todo este tiempo no ha comparecido ni una sola vez ni se conocen hasta el momento declaraciones públicas al respecto.

En todo caso, dado que no se ha conocido que la presidenta haya desautorizado a su consejera de Educación en ningún aspecto de la negociación, consideran que Mercedes Vaquera "ha estado actuando con su aprobación y siguiendo punto por punto las directrices de María Guardiola".

Estas directrices son las ya expuestas respecto a "obligar a las empresas a licitar cuando no tenían obligación de hacerlo a pérdidas", así como "denunciar a las empresas en un juzgado por lo penal", y finalmente han cerrado un acuerdo atendiendo las pretensiones de las empresas incluyendo un aumento de la partida "en más de un millón de euros cuando el daño ya estaba hecho y cuando decían que no era un problema económico".

Por todo lo anterior, consideran que "la única y la principal responsable de todo este caos" es María Guardiola porque el transporte escolar del curso 2025-2026 está "pagado y requetepagado por los padres afectados, y por los que no", a través de sus impuestos.

Así, la Junta tiene "la responsabilidad de gestionar debidamente este servicio", al tiempo que ha expuesto en que no sabe si se gasta los impuestos recaudados a los extremeños, ha enumerado, en los menores no acompañados, en financiar a los sindicatos de clase, en la cooperación internacional o en la creación de observatorios de opinión pública.

"Que Extremadura no tenga AVE es por culpa del Gobierno de España y una vergüenza nacional", ha argumentado, para añadir que el hecho de que "los niños de Extremadura no hayan tenido autobuses para ir a clase es una vergüenza del PP y del Gobierno de María Guardiola".

Ante la previsión de que la Junta califique como "ruido" estas críticas a su gestión, el diputado de Vox cree que es "la puñetera verdad y poner al Gobierno delante del espejo de su vergüenza, las cuales sufren los ciudadanos".

A preguntas de los medios respecto a los pasos a seguir en la Asamblea para reclamar estas explicaciones y responsabilidades a la Junta, ha señalado que por el momento, a la espera de los próximos acontecimientos, no tienen decidido si preguntarán directamente a Guardiola en el próximo Pleno de la Asamblea, en el que la presidenta se enfrentará al control de los grupos parlamentarios.

En todo caso, no cree que sea necesario esperar hasta el próximo día 25 de septiembre, fecha del citado pleno, para que Guardiola salga a dar explicaciones públicas. "Sería muy triste que la presidenta del gobierno no explicase a los ciudadanos lo que ha pasado, por qué ha pasado y que no va a volver a pasar", ha remarcado.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre el inicio del curso escolar, y según se vayan desarrollando los acontecimientos y vean cual es la actitud del Gobierno de Extremadura actuarán "en consecuencia".