La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) ha iniciado el proceso para la elaboración de una nueva Ley de Cooperación regional en el que tendrá un papel relevante la sociedad civil y cuya tramitación comenzará el próximo otoño.
Así lo ha explicado este lunes el director general de la AEXCID, José Ángel Calle, en un acto informativo en el que también han intervenido la presidenta en funciones de la coordinadora de ONGD de Extremadura, Pilar Milanés; la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Yuste, y la presidenta de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), Mónica Calurano.
Calle ha señalado que redacción de una nueva ley parte de la necesidad de consolidar una política de cooperación de la Junta de Extremadura “desde la madurez, la solvencia y el rigor”, al tiempo que ha recordado que así lo contempla el Plan General de la Cooperación Extremeña 2018-21.
En relación con el Plan 2018-21, el responsable de la AEXCID ha manifestado que ha permitido llevar a cabo una serie de transformaciones, compartidas con la sociedad civil, que han encaminado la cooperación extremeña hacia la Agenda 2030 y hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Asimismo, ha puntualizado que este proceso se ha realizado con unas señas de identidad propias de nuestra Comunidad Autónoma pero a la vez de forma complementaria a la cooperación que se desarrolla en España.
Por otra parte, ha indicado que, si bien la pandemia de la Covid-19 “nos ha obligado a readaptarnos a la realidad”, la cooperación extremeña no ha estado parada, sino que se ha convertido en la tercera de España que realiza un mayor esfuerzo por habitante y que actúa con agilidad, con fortaleza, y con solvencia económica.
Calle ha insistido en que la cooperación quiere realizar su transformación definitiva la madurez con la compañía de las tres entidades que han estado representadas en esta presentación.
Por una parte, ha dicho, habrá procesos participativos a nivel académico en el que tendrá un papel fundamental la Universidad de Extremadura; procesos participativos identitarios de nuestra región, con un papel destacado del mundo rural y en el que las universidades populares tendrán el protagonismo. Además, habrá procesos participativos a través de la experiencia, el rigor y el activismo de los movimientos sociales especializados que significa la coordinadora de ONGD.
Tendrá un papel destacado, asimismo, el trabajo de la propia AEXCID a través de sus tres ámbitos estratégicos, ya definidos en el Plan 2018-21: feminismos y desigualdades; movilidad humana y migraciones; y sostenibilidad y cuidados de la vida.
POBLACIONES BENEFICIARIAS
Calle ha subrayado además la importancia de contar con las poblaciones beneficiarias de la cooperación extremeña y, en este sentido, ha anunciado que en el proceso intervendrán también las organizaciones socias de la cooperación extremeña en América Latina, Centroamérica y África.
Por lo que respecta al calendario para la creación del nuevo texto legal, Calle ha avanzado que el próximo 16 de junio habrá una primera gran sesión plenaria con participación de un buen número de organizaciones civiles; en julio habrá sesiones de trabajo en las tres entidades presentes en el acto, y en agosto la AEXCID espera contar con todas las aportaciones para disponer en septiembre de un primer borrador y en el mes de noviembre con un anteproyecto de ley ya redactado que pueda iniciar su tramitación reglamentaria.
Pilar Milanés, presidenta en funciones de la coordinadora de ONGD, que agrupa a 60 organizaciones del sector, ha señalado que, después de más de 20 años trabajando por la cooperación extremeña, cree que el tejido social se ha fortalecido y la experiencia se ha consolidado.
Asimismo, ha reafirmado el compromiso de estas organizaciones para seguir trabajando de forma coordinada y con el objetivo de que este proceso salga adelante.
Rocío Yuste, vicerrectora de la Uex, que cuenta con 24.000 alumnos de grado y posgrado, además de 8.000 que realizan cursos de doctorado, y con 1.500 profesores, ha señalado que se está viviendo este proceso como “una oportunidad” de vincular la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible con la institución universitaria, además de “darle sentido” al trabajo que llevan realizando desde hace diez años.
Por otro lado, Mónica Calurano, presidenta de AUPEX, a la que pertenecen 214 universidades populares de la región, ha manifestado que el proceso supone no solo “fortalecer nuestra identidad” sino también un compromiso “por mejorar la calidad de vida de las personas” y ha agradecido que la política se pueda convertir en un “espacio participado”.
